La iniciativa plantea que la Ley N° 21.719 entre en vigencia el 1 de diciembre de 2027, otorgando un año adicional para instalar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales, definir estándares de aplicación y permitir la adaptación del Estado y el sector privado.

El Gobierno propuso postergar hasta el 1 de diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, con el objetivo de contar con las condiciones institucionales, regulatorias y operativas necesarias para su correcta implementación. La iniciativa busca otorgar un año adicional de preparación para una reforma que tendrá efectos transversales sobre organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, destacó que la propuesta busca resguardar el objetivo de la nueva legislación y, al mismo tiempo, asegurar que pueda aplicarse de manera efectiva. “Esta es una reforma muy relevante para Chile y nuestra responsabilidad es que entre en vigencia con una institucionalidad preparada, reglas claras y condiciones que permitan su adecuado cumplimiento. No queremos menos protección de los datos personales, queremos que esta nueva legislación funcione correctamente desde el primer día”, señaló.

La iniciativa también contempla fortalecer la Agencia de Protección de Datos Personales, aumentando de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y estableciendo un quórum de tres miembros. Además, se propone adelantar la designación de su primer Consejo, de manera que pueda iniciar oportunamente el proceso de instalación, avanzar en la regulación secundaria y establecer criterios y estándares que entreguen certeza antes del inicio de las nuevas facultades de fiscalización.

El período adicional permitirá también que organismos de la Administración del Estado, municipalidades, servicios públicos y actores del sector privado puedan adecuar sus sistemas, procesos y estructuras internas a las nuevas obligaciones. Con ello, se busca disminuir la incertidumbre y evitar costos innecesarios derivados de una implementación apresurada de una normativa de amplio alcance.

La propuesta apunta así a compatibilizar el fortalecimiento de la protección de los datos personales con una implementación seria y responsable. El objetivo es que la nueva regulación no solo entre en vigencia, sino que cuente desde su inicio con una institucionalidad preparada, reglas conocidas y capacidades suficientes para ser aplicada y fiscalizada correctamente.